En el siglo XXI, uno de los principales retos que enfrenta la sociedad Colombiana en el marco de las negociaciones de La Habana y el actual Acuerdo Final para La Terminación del Conflicto y La Construcción de una Paz Estable y Duradera es la promoción de la cultura de la paz y la reconciliación en diferentes contextos territoriales, en especial en todos aquellos históricamente aquejados por el conflicto armado (DNP, 2014.p.20; Gobierno Nacional-FARC, 2016). La construcción de territorios en paz demanda la realización de una serie de estrategias que permitan garantizar la implementación oportuna de los acuerdos para la construcción de un escenario real de posconflicto. Para tal efecto, entre las principales propuestas desplegadas a nivel nacional se encuentra la promoción de iniciativas como la Pedagogía para la Paz, imprescindible para profundizar sobre los efectos del conflicto y los desafíos que se deben afrontar desde diversos sectores de la sociedad para superarlo (Grupo de Pedagogía para la Paz-Presidencia de la República, 2016). Entre las iniciativas de Pedagogía para la Paz sobresalen: La Cátedra de la Paz (Ley 1732 de 2014), La Conversación Más Grande del Mundo y El proyecto Pedagogía de la Paz y Gestión del Posconflcito en Colombia. Con base en lo anterior, la educación se transforma en un pilar fundamental para la construcción de la paz, así fue ratificado en el Encuentro Nacional Colombia 2020 que tuvo como propósito central ¿generar aportes para la discusión en torno a los retos del país de concretar los contenidos del Acuerdo de Paz en hechos reales con impactos en el bienestar de la población, enfatizando en la importancia de implementar una política pública de educación para la paz¿ (Oficina de la UNESCO en Quito, 2017). Así, las instituciones educativas cobran relevancia como espacios sociales propicios para la construcción y promoción de la cultura de la paz y la reconciliación en el territorio. Sin embargo, pese a la importancia de iniciativas pedagógicas como la Cátedra de la Paz, implementada desde el año 2015 en las instituciones educativas del país, ¿diferentes sectores educativos, académicos y sociales manifiestan la necesidad de replantearla¿ (El Espectador, 2017). De esta manera, lo evidencia el artículo periodístico Educar para La Paz y No para la Cátedra que resume los principales aportes del Encuentro 2020 donde se resaltó la importancia de implementar una pedagogía ajustada a las necesidades de los territorios y que pueda impactar de forma positiva en las realidades locales de las comunidades (El Espectador, 2017). Aunado a la situación anterior, existe la necesidad de fomentar y construir propuestas pedagógicas desde un enfoque diferencial y étnico que responda a las necesidades de los pueblos afrodescendientes e indígenas, quienes han sido afectados por el conflicto armado en Colombia3; desafío que permea el quehacer de las instituciones educativas frente al establecimiento de mecanismos diferenciales para la participación de las comunidades étnicas en el posconflicto como actores de paz en el territorio. Este contexto se refleja en Risaralda, departamento que en el año 2016 realizó la conferencia ¿La paz es una nota¿, escenario en el que participaron directivos y docentes de instituciones educativas de 12 municipios con la iniciativa de liderar el la región la pedagogía para la paz y el posconflicto (Risaralda Hoy, 2016). Propuesta que se convierte en un imperativo principalmente para aquellos territorios históricamente afectados por la violencia4, como es el caso de Pueblo Rico, municipio localizado en límites con el Chocó al suroccidente de Risaralda, priorizado en la agenda del posconflicto. Pueblo Rico, con aproximadamente 13.458 habitantes distribuidos en mestizos, afrodescendientes e indígenas (siendo estas dos últimas etnias las predominantes) ocupa el primer lugar en desplazamiento forzado del departamento con 5.699 víctimas individuales y cuatro comunidades6 que requieren reparación col
